Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la violencia y los altos índices delictivos que se registran en Guanajuato es porque la entidad ha sido gobernada con el mismo modelo económico neoliberal ligado al grupo de El Yunque, no hay renovación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito, además de que se ha profundizado la desigualdad social y aumentó el consumo de drogas en el corredor industrial.
En el marco de la presentación del informe quincenal de seguridad, dijo también se incrementó la violencia porque, aunque el Cartel de Santa Rosa de Lima controlaba el robo de combustible —conocido como huachicol— con la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación desató acciones violentas entre los grupos delictivos.
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Lo anterior con base en un Análisis Social Económico sobre Guanajuato elaborado por la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito y las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad de la SSPC. Ante este panorama, la secretaria señaló que se puso en marcha una estrategia especial para la construcción de paz en el estado por instrucción presidencial.
"La entidad ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal instaurado por la derecha y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencias se generó desigualdad, aumentó de delitos y consumo de drogas de 1991 a 2024, ha habido 7 gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por El Yunque”, explicó.
Dijo que aunque Guanajuato es una entidad rica, la quinta economía del país, el primer lugar en captación de remesas, el séptimo en inversión extranjera directa, tiene una red de carreteras, una importante infraestructura de los ductos de Pemex, en 8 de sus 46 municipios ubicados en el corredor Industrial concentran casi el 60% de los pobres.
“León es el municipio con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema”, recalcó.
La secretaria enfatizó que de 2000 a 2018 el robo de combustible se disparó por la no intervención de las autoridades estatales y municipales, “el control de esta actividad ilegal la encabezó el Cartel de Santa Rosa de Lima la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación desató acciones violentas entre los grupos delictivos locales”.
Con base en reportes de Pemex, dijo Guanajuato ocupó el primer lugar de 2000 a 2018 en tomas clandestinas y ocupa el primer lugar de homicidio doloso ya que se incrementó 994% de 2009 a 2020, cuando alcanzó su punto más alto.
“Aunque en 2021 tuvo una reducción marginal es a partir de 2022 cuando se implementa la estrategia es de construcción en Guanajuato que se refuerzan la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la entidad fue que se logró una baja y significativa porque entramos ahí, pues con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”, explicó.
En cuanto al narcomenudeo, destacó que, en 2016, Guanajuato se ubicaba en el octavo lugar en carpetas de investigación, en 2018 segunda posición y a partir de 2020 ocupa el primer sitio, a pesar de las estrategias para contrarrestar el narcomenudeo en la entidad. Además, recalcó que el homicidio es la principal causa de muerte de jóvenes de entre 12 y 29 años en la entidad.
La titular de la SSPC recalcó que se refuerzan las acciones para regresar la paz a la entidad, a través de la prevención de las violencias de género y las adicciones en escuelas de nivel básico y medio superior; facilitar la incorporación de las personas a los programas de bienestar; la implementación de programas sociales federales especialmente salud y educación en todos los municipios; implementar un programa de prevención detección y atención a la violencia familiar y de género.
Además de mantener presencia de la Guardia Nacional en toda la entidad, especialmente los municipios prioritarios donde prevalece la incidencia delictiva; trabajo de inteligencia para la captura de objetivos prioritarios; verificar el funcionamiento de los giros negros para su legal operación; generar acciones de prevención para evitar el consumo de drogas; un programa emergente de mejoramiento para la infraestructura urbana; impulsar la recuperación y apropiación de espacios públicos.
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