Cuando se trata del tema migratorio, el presidente Joe Biden se encuentra ante un difícil dilema.
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Apenas el 35% de los estadounidenses aprueban de la gestión de Biden en el tema migratorio comparado con 43% en abril, según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para Estudios de Políticas Públicas.
Incluso entre los demócratas, el índice de aprobación hacia Biden en el tema migratorio es uno de los más bajos, de apenas 60%.
Como candidato presidencial el año pasado, Biden prometió aplicar medidas apoyadas por el ala progresista del Partido Demócrata, y ya ha implementado algunas de ellas.
Pero la respuesta de su gobierno ante la reciente entrada masiva de migrantes por la frontera sur ha enojado tanto a la oposición como a los aliados.
Gran parte del descontento ha ido dirigido al funcionario responsable del tema migratorio, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Ser criticado por ambos lados en el tema migratorio no me sorprende. Lamentablemente, estamos justo en medio de la línea divisoria política del país”, declaró Mayorkas en entrevista con la televisora NBC el fin de semana pasado.
El resultado es que el tema migratorio se ha convertido en una molestosa distracción para una administración que preferiría enfocar sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia, la recuperación económica y otros temas.
Las recientes imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo, sujetando a inmigrantes haitianos en Texas, han agravado las tensiones. Si bien eran falsas las versiones de que los agentes estaban azotando a los inmigrantes de raza negra, tanto Mayorkas como Biden expresaron su enojo con las tácticas usadas, y el gobierno anunció una investigación.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del grupo National Immigration Law Center y antes codirectora de una agrupación que buscaba recaudar apoyo a Biden entre los partidarios de Bernie Sanders, destacó que la Casa Blanca “ha designado a algunas de las figuras más destacables dentro de nuestro movimiento” en el tema migratorio.
Sin embargo, está entre los que se oponen a que el gobierno de Biden siga usando la Ley 42, que impide a los migrantes solicitar asilo y que fue empleada por la administración de Donald Trump supuestamente como manera de frenar la propagación del coronavirus.
La negativa del gobierno en cesar el empleo de la Ley 42 — incluso apeló una decisión judicial al respecto — junto con la falta de avances en el Congreso en cuanto a una reforma migratoria, ha llevado a muchos activistas a temer que volverán las duras políticas y abundantes deportaciones efectuadas bajo la presidencia de Barack Obama.
La administración Obama realizó una enorme cantidad de deportaciones, en un intento por mostrar a los republicanos que estaba haciendo cumplir las leyes al tiempo que trataba de impulsar una reforma migratoria en el Congreso. Bajo su gobierno fueron deportadas unas 3 millones de personas, una cifra sin precedentes, pero aun así la reforma migratoria no fue aprobada.
Al igual que ocurrió bajo Obama y Trump, el gobierno de Biden ha estado tratando de lidiar con un aumento en la cantidad de migrantes que tratan de cruzar la frontera sur, ya sea ilegalmente o entregándose a la Patrulla Fronteriza para pedir asilo.
La respuesta de Biden ha sido tratar de encarar las causas de raíz de la migración, al aprobar la asistencia económica a los países centroamericanos, que fue suspendida por Trump, y al reanudar un programa que permitía otorgar visas a menores de edad para que puedas reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos.
Aparte de lo que ocurra en el Congreso, el gobierno de Biden ha anulado la medida de la era Trump de usar la Ley 42 para expulsar a los menores de edad que entran por la frontera sur, y ha permitido a miles de familias migrantes a permanecer en el país mientras cursan por los tribunales sus solicitudes de asilo, un proceso que con frecuencia termina en una decisión negativa pero que puede tomar años.
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