En las últimas semanas, la situación en Venezuela se ha vuelto crítica con el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron el triunfo a Nicolás Maduro sobre su opositor Edmundo González. Sin embargo, estos resultados no han sido reconocidos por varios líderes mundiales, ni parte de la población en Venezuela.
Tras las controvertidas elecciones, miles de manifestantes de la oposición de Maduro salieron a las calles de Caracas para protestar contra los resultados y exigiendo transparencia en el recuento de votos. La situación empeoró cuando el Consejo Nacional Electoral declaró la victoria de Nicolás Maduro, pero no hizo público los resultados, como anteriormente se había realizado.
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El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se encontraban realizando investigaciones sobre los principales líderes de la oposición, acusándolos de hackear los sistemas informáticos del sistema electoral. Asimismo, el gobierno de Venezuela ha establecido una fuerte campaña en contra de cualquiera que cuestione los resultados de las elecciones 2024, haciendo que hasta los autos, las motocicletas y las personas que circulen por las calles levanten sospechas.
Esta situación ha llevado a cientos de jovenes manifestantes a ser detenidos en la capital venezolana, por muchas razones que sus familiares no pueden comprender. Incluso grupos de derechos humanos, han catalogado a esta acción como un acto represivo que no se había visto en las últimas décadas.
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación, condenó los patrones de represión en Venezuela tras las elecciones.
“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes”. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.
De acuerdo a los testimonios de familiares y activistas, las detenciones indiscriminadas se produjeron en medio de las protestas y en detenciones selectivas en domicilios, bajo una iniciativa que el gobierno denominó como “Operación Tun Tun”.
El gobierno de Venezuela ha afirmado que al menos 2000 personas fueron detenidas por participar en protestas que desaprueban los resultados de las elecciones, sin embargo, de acuerdo Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, una organización de derechos humanos ha señalado que solo han podido documentar cerca de 1300 personas detenidas.
“El grueso de los detenidos son personas muy humildes. Los detienen manifestando, cuando regresan de sus casas tras una manifestación e incluso han detenido a gente que ni siquiera estaba manifestando”, dice Himiob a BBC Mundo.
Himiob explica que en los barrios de Venezuela hay presencia de lo que el gobierno llama “mecanismos de inteligencia ciudadana” que se encargan de delatar a vecinos de la oposición a quienes buscan en sus casas y los arrestan.
“No se les puede llamar allanamientos, porque el allanamiento implica cierta legalidad. Ingresan arbitrariamente en las casas y se llevan a gente detenida. Recibimos un caso reciente en el que se llevaron a la mamá, a un joven de 15 años y a un niño de 5 años. Soltaron a la mamá y al bebé, y dejaron preso al adolescente”.
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, publicó en su cuenta de Instagram:
“La Operación Tun Tun apenas comienza”
“Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales”.
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