El pasado 13 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, determinó como ilegal la Regla Final de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA por sus siglas en inglés), promovida por la administración del presidente Joseph Biden. Esta decisión es la más reciente derivada de largos procesos judiciales que, por un lado, buscan dar por concluido el programa y sus beneficios, y por el otro, fortalecerlo y ampliarlo. Aunque dicha determinación mantiene la situación para quienes recibieron el estatus DACA inicial antes del 16 de julio de 2021, pone en una encrucijada a las personas migrantes que cuentan con ese estatus y quienes, aun siendo elegibles, no han llevado a cabo el proceso para conseguir incorporarse al programa, pues no tienen certeza sobre su futuro migratorio en el país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés) alertó sobre esta medida, especificando que: «…las actuales concesiones de DACA y los Documentos de Autorización de Empleo relacionados continúan siendo válidos hasta que caduquen, a menos que sean cancelados de manera individual. (…) de acuerdo con esta decisión. USCIS continuará aceptando peticiones iniciales de DACA, pero, según la orden, no procesará dichas peticiones iniciales de DACA» (consultado el 21 de septiembre en https://www.uscis.gov/es/noticias/alertas/actualizacion-importante-sobre-la-accion-diferida-para-los-llegados-en-la-infancia).
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La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA es un programa federal estadounidense establecido en 2012 por la administración del entonces presidente Barack Obama, con el objetivo de proteger de la deportación a las personas que fueron traídas de manera irregular al país, previo a cumplir los 16 años y que ingresaron antes del 15 de junio de 2007. Si bien el programa no garantiza el acceso a la ciudadanía o estatus migratorio regular, las personas beneficiarias pueden acceder de manera temporal a un número de seguridad social y permiso de trabajo, lo cual les ha dado beneficios como acceder a mejores salarios y contar con prestaciones laborales.
El presidente Biden incluyó en sus compromisos de campaña defender y extender el programa, después de que el gobierno de Donald Trump llevó a cabo esfuerzos para desmantelarlo. Fue por esto por lo que, en enero 20 del 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para reinstalar el programa, sin embargo, en julio de ese mismo año, Andrew Hanen, juez del distrito antes mencionado, dictaminó que las nuevas solicitudes al programa no serían viables, dejando prácticamente sin efectos la orden del presidente. Es hasta el 13 de este mes, que se resuelve en ese sentido uno de los litigios entre varios estados de la Unión Americana, liderados por Texas (que albera aproximadamente el 17% de la población DACA de Estados Unidos) y el gobierno federal, respecto de la legalidad del programa y sus enmiendas. A pesar de esto, los requisitos para ser beneficiario DACA todavía se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.uscis.gov/es/DACA.
Según el Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress, CAP), se estima que hay más de 835,000 personas beneficiarias DACA, de las cuales alrededor del 81% son nacidas en México, aunque las personas migrantes elegibles ascienden a más de 1.8 millones. En esta situación, es importante señalar que quienes se encuentran en el programa tienen más de 16 años en los Estados Unidos, por lo que han generado lazos importantes con sus comunidades. Toda vez que, en promedio, los beneficiarios DACA llegaron al país a los 7 años y ahora tienen 26.
Más aún, alrededor de 1.3 millones de personas viven con alguien del programa, incluyendo aproximadamente 300,000 niñas y niños que nacieron como estadounidenses de por lo menos una madre o padre con DACA, responsables de la crianza (en la acepción menos politizada) de estas futuras ciudadanas y ciudadanos de la nación. Solo en términos de aportaciones fiscales, algunas estimaciones rondan los 6.2 mil millones de dólares en impuestos federales, así como 3.3 mil millones en impuestos estatales y locales; por lo que resulta evidente que su relevancia social y económica es considerable.
En lo que concierne a la respuesta del Gobierno de México, un día después de la determinación, el pasado 14 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, en el que refería al impacto a «más de 580,000 personas, en su mayoría mexicanas». Reconociendo además las aportaciones económicas, sociales y culturales a al país. Por ende, se busca reforzar la asistencia y protección de las personas afectadas a través de la red consular y en particular del Programa de Asistencia Legal en el Exterior (PALE). Poniendo a disposición de quién lo necesite el teléfono (520) 623-7874, a fin de tener información oficial confiable.
Así que las preguntas permanecen; considerando los beneficios, el estatus migratorio ambiguo y un futuro incierto, ¿qué esperanzas debe albergar una comunidad de fuerza de trabajo capacitada en dicha situación de vulnerabilidad? ¿Cómo las políticas de perspectiva securitaria en las fronteras, permiten asimilar a estas personas al mercado, sin ajustar en las mismas el derecho humano a la migración? ¿Cuál sería el impacto de la ausencia de estas personas en la economía y bienestar de las comunidades estadounidenses donde radican?
Considerando todo lo anterior ¿cuál es el balance de beneficios entre la federación estadounidense y las y los migrantes que se adhieren al programa DACA? No hay a la fecha una solución integral para todas estas personas, que viven y aportan a la comunidad norteamericana, por lo que, lo que aparenta ser un revés judicial debería tomarse como oportunidad para que legisladores en el congreso de Estados Unidos presenten proyectos de ley que subsanen las carencias en los programas temporales actuales.
Es en este contexto que el martes pasado, Rolando Salinas Jr., alcalde de Eagle Pass, Texas, declaró estado de emergencia por la llegada de miles de migrantes a la frontera. No obstante, estos flujos migratorios, vistos como un mecanismo de personas para buscar condiciones más adecuadas para la vida, son históricamente normales en las sociedades de todas las culturas, sobre todo relacionados específicamente con la movilidad internacional de capital y fuerza de trabajo. Aunque esta normalidad no elimina la condición de emergencia que viven las personas en movimiento bajo estas condiciones de migración.
Como resultado de la situación en la que se encuentran miles de existencias, es necesario recordar que la mayoría de los países, tanto los de salida como los de la entrada de migrantes, tienen entre los retos más relevantes, presentes y futuros, la migración y los problemas ambientales, entre ellos el cambio climático. Problemas complejos que, además, se encuentran intrínsecamente relacionados, tanto en sus orígenes como en las alternativas para solucionarlos.