En el consulado general de México en la ciudad de Chicago, servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) participaron en la firma de una carta de intención con la Exoneration Justice Clinic de la Universidad de Notre Dame du Lac, para brindar defensoría en materia penal para personas mexicanas en Estados Unidos.
El arranque del Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Materia Penal en Estados Unidos contó con la presencia del jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco, la cónsul general de México en Chicago, Reyna Torres y el embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como el director de dicho centro de la universidad, Jimmy Gurulé y la diputada migrante Elvia Torres.
El objetivo del programa es ofrecer servicios de diagnóstico, asesoría, y representación jurídica a personas mexicanas que enfrentan procesos penales por delitos graves en los que existan elementos suficientes para presumir su inocencia, que hayan recibido sentencias desproporcionadas por injusticias del sistema, y que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad.
Se creó formalmente el programa mediante un Acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de este año, para "atender de manera más estructurada y formal la obligación contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (…) que establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores es responsable de impartir protección a las personas mexicanas en el exterior". Sin embargo, fue hasta el pasado sábado 30 de septiembre que tuvo lugar el acto protocolario, con una conferencia ofrecida casi por completo en inglés.
En el evento para personalidades invitadas y medios, Reyna Torres dio la bienvenida a las personas y se mostró entusiasmada, aplaudiendo el gran logro que es para las partes y el esfuerzo que conlleva para quienes coordinaron y operarán la iniciativa. Por su parte, el embajador Moctezuma Barragán reconoció la importancia del arranque de este programa por parte del gobierno de México y agradeció a la Universidad de Notre Dame por su ayuda para llevarlo a cabo.
Asimismo, por el apoyo que significará para las personas migrantes mexicanas. También refirió que el desconocimiento del idioma oficial, así como de sus derechos en el país y del sistema legal estadounidense, genera condiciones desfavorables para que quienes se ven afectados, puedan defenderse en los procesos penales que se inician en su contra.
Vanessa Calva opinó que el programa es único y que fortalecerá los recursos y herramientas para mexicanas y mexicanos en el exterior. También la diputada migrante Elvia Torres subrayó la importancia de este para las personas mexicanas en ese país, y agradeció el esfuerzo de las autoridades de la SRE y de la universidad.
El representante de la universidad, Jimmy Gurulé, se dijo honrado de estar presente y de participar en el esfuerzo. Mencionó datos relevantes del contexto en el cual se implementará el programa, siendo este un mecanismo para corregir los errores en la impartición de justicia en el país.
Declaró que existe una epidemia en Estados Unidos de sentencias indebidas y que desde 1989 se han exonerado a 3,385 personas que fueron condenadas erróneamente siendo inocentes. Algunas de ellas han pasado décadas en prisión por un crimen que no cometieron. Refrendó que las personas mexicanas en ese país son extremadamente vulnerables a estas injusticias, como mencionaron funcionarias y funcionarios de la dependencia mexicana.
Roberto Velasco Álvarez especificó que el objetivo del programa es ofrecer asesoría y representación jurídica a personas mexicanas que enfrentan procesos penales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Consideró el programa como un legado valioso de esta administración del gobierno mexicano, pues se busca disminuir el impacto negativo de un sistema de justicia arbitrario con la comunidad mexicana.
Estas situaciones, además de la afectación directa a las personas condenadas de manera injusta, afectan a las familias y sociedades a las que pertenecen. Comentó que es algo que nunca se había hecho antes, por lo que requirió compromiso y esfuerzo de todas y todos los involucrados. Roberto Velasco envió un mensaje a los fiscales y jueces en ese país; enfatizó, en español, que "Los mexicanos y las mexicanas no están solos y solas en Estados Unidos, y que el gobierno de México, el Estado mexicano los va a apoyar en sus casos…".
Según datos de la propia SRE, en la red consular han manejado más de 427 mil casos penales en Estados Unidos. Si bien, reconoce que los estados de ese país no registran la nacionalidad en sus estadísticas del sistema penitenciario, información oficial obtenida por este medio detalla que, solamente en el estado de Illinois, hay una población de 3,715* personas clasificadas como "hispanas", al 30 de junio del presente año. Aunque no todas estas serían de nacionalidad mexicana, en ese estado la proporción de mexicanas y mexicanos es muy superior al de otras nacionalidades que en Estados Unidos son definidas con esa categoría.
Además, la Agencia Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons, BOP), reconoce que un 8.3% de las personas presas por delitos federales son de nacionalidad mexicana; solo en segundo lugar después de estadounidenses (información actualizada al 23 de septiembre de 2023). El programa de la SRE arranca con un presupuesto asignado de tres millones de dólares para cubrir gastos de operación y apoyar los casos incorporados dentro del mismo. La dependencia federal mexicana estima que el costo máximo por caso será de 300 mil dólares estadounidenses y el mínimo de 10 mil; con lo cual se podrían atender un máximo de 210 casos y un mínimo de siete.
Esperaríamos que con esta estrategia se tenga algún cambio estructural en el proceder de la justicia norteamericana en cuanto a la comunidad migrante mexicana se refiere. Es probable que el programa deba extenderse en el tiempo y contar en un futuro con más recursos, para alcanzar los objetivos anhelados.
*La base de datos especifica que algunos registros son eliminados por motivos de confidencialidad.